LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE DE FORMA DIRECTA EN EL IRNR (SAN de 27 de junio de 2013, rec 329/2010)

El caso que recoge la SAN de 27 de junio de 2013 consiste resumidamente con una sociedad irlandesa (que no cotiza en bolsa) que es propietaria de varios inmuebles en España; con otra entidad (residente en un paraíso fiscal) que es dueña de las acciones de la primera; y con una tercera compañía (constituida y domiciliada en Reino Unido) que resulta ser la propietaria de la residente en el paraíso fiscal.

El problema que se plantea es si resulta de aplicación la exención del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes prevista en la normativa del IRNF (artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (ejercicio 2005) y el artículo 32 de la Ley 41/1998 (ejercicios 2002, 2003 y 2004), así como por las disposiciones reglamentarias correspondientes (artículo 20 del Reglamento vigente para el ejercicio 2005 y 7 del aplicable a los períodos anteriores). De dichos preceptos se desprende lo siguiente:

1. Que el gravamen especial sobre bienes inmuebles no será exigible a “las sociedades que coticen en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos”.

2. Que dicha exención será también aplicable, aun cuando no ostente la entidad la condición de cotizada, cuando la propiedad del inmueble se tenga en forma indirecta a través de una entidad con derecho a la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información.

Es decir, “la cuestión litigiosa queda reducida a un solo interrogante: el de si cabe entender que el término “tener la propiedad del inmueble de forma indirecta” abarca también un supuesto como el que nos ocupa, pregunta que admite dos soluciones: a) Entender que la “propiedad indirecta” se detiene en la sociedad titular de las acciones de la dueña de los inmuebles (supuesto en el que no se apreciaría la exención, pues esta última compañía reside en un paraíso fiscal); b) Considerar que la eventual cadena de participaciones no se detiene en esa segunda entidad, de manera que la “propiedad indirecta” puede tenerse a través de un tercero que sí reúna el requisito reglamentario de tener su domicilio en país con convenio con cláusula de intercambio de información (supuesto en el que sí procedería la exención, pues la residente en el paraíso fiscal es subsidiaria de una compañía inglesa)”.

Pues bien, la AN entiende en la medida en que la normativa aplicable al caso se limita a aludir a la “propiedad indirecta”, sin limitación de ninguna clase al respecto, “debe adoptarse la segunda solución. Y es que, a juicio del Tribunal, resulta indiscutible que el propietario “último” de los inmuebles radicados en España resulta ser una entidad británica, con derecho a la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información”.

Dicho en otros términos, “acreditado que el dueño de la entidad irlandesa propietaria de los apartamentos es, a su vez, una entidad subsidiaria de una sociedad británica, no consideramos que pueda excluirse la aplicación de la exención, pues esta última entidad resulta ser, ineludiblemente, la que ostenta la “propiedad indirecta” de los repetidos bienes, aunque sea con la intermediación de una compañía residente en un paraíso fiscal”.

   

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