LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS EN LA VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA (STS 15-1-2013)

La ejecución de las sanciones tributarias impugnadas tanto mediante un Recurso de Reposición como por una Reclamación Económico-Administrativa resulta suspendida sin necesidad de aportar ningún tipo de garantía hasta que sea firme en vía administrativa.

Así lo establece el art. 212.3 a) de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT) al señalar que una vez interpuesto un Recurso o Reclamación Económico-Administrativa contra sanción, la ejecución de la misma quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantías hasta que sea firme en vía administrativa.

Sin embargo, esta suspensión sin necesidad de aportar garantías de la ejecutividad de las sanciones no es predicable de forma automática una vez finalizada la vía administrativa. Así, el art. 233.8 LGT establece que la suspensión producida en la vía administrativa se mantendrá cuando el interesado comunique a la Administración Tributaria, en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo, que ha interpuesto un recurso y que ha solicitado a su vez la suspensión. Esta suspensión se mantendrá pues, sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte decisión judicial al respecto.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, a tenor de lo previsto en el art. 133.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), podrá denegar la suspensión de la ejecución sanción sin prestar garantía alguna, cuando dicha suspensión pudiera ocasionar perjuicios.

Si bien hasta ahora, en los supuestos en los que solicitaba la suspensión de la ejecución de la sanción sin aportar garantías, la carga de la prueba solía recaer de forma exclusiva en el contribuyente que debía justificar por un lado los perjuicios que la ejecución de la misma le ocasionarían, así como la imposibilidad de prestar garantía alguna, el TS en su sentencia de 15 de enero de 2013, exige no solamente que el contribuyente pruebe estos extremos, sino que, y aquí radica la novedad de esta sentencia, exige la prueba al Abogado del Estado, para que al amparo del art. 133.1 LJCA justifique los perjuicios que a los intereses generales ocasionaría la suspensión de la ejecución de la sanción que venía ya de la vía administrativa. Es decir, la carga de la prueba recae en cada una de las partes.

El Auto por el que el Tribunal se pronuncia sobre la necesidad o no de exigir garantías que aseguren la suspensión de la sanción debe de hacer mención de los motivos que justifican la decisión. Y en el supuesto de exigirse garantías, debe de justificar cuáles son los perjuicios que podrían derivarse si aquellas no se exigiesen.

Así lo establece el TS al señalar que:

Y es en este punto, donde se invierte la carga de la prueba, pues aceptada por la Sala de instancia que el ingreso inmediato de la sanción “dada la elevada cuantía de la misma” va a producir perjuicios al interesado, será preciso que la otra parte, en este caso, el Abogado del Estado, deba invocar y probar que la suspensión ya acordada va a producir perjuicios a los intereses generales”.

   

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