LAS DILACIONES Y EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA FIRMA DEL ACTA Y EL ACUERDO DE LIQUIDACIÓN

El artículo 150.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante LGT) establece que “Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas”. Conforme a este artículo, las actuaciones deberían de finalizar en el plazo de 12 meses, previéndose en el mismo las consecuencias de la caducidad.

Si el legislador únicamente hubiera previsto esto, nos encontraríamos con actuaciones dilatorias dirigidas a entorpecer y obstaculizar el ritmo de las actuaciones con la única y exclusiva finalidad de que transcurriera el plazo de 12 meses. Sin embargo, es el artículo 104.2 de la LGT la que contempla dicho supuesto estableciendo que “Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución”.

Ahora bien, nos podemos encontrar situaciones en las que la falta de finalización del procedimiento inspector, y de la notificación del Acto de Liquidación, no se han producido en el plazo de 12 meses y que no sea consecuencia única y exclusivamente de la conducta del inspeccionado. Es decir, situaciones en las que las actuaciones inspectoras hayan sobrepasado dicho plazo, que existan actuaciones dilatorias imputables al inspeccionado pero también con unas dilaciones no imputables a él y sí a la propia Administración Tributaria.

Es abundante la jurisprudencia que viene a establecer que a la hora de determinar si las actuaciones inspectoras han finalizado o no en el plazo legalmente previsto, tienen en cuenta no solo las actuaciones del inspeccionado, sino también las propias de la Administración tributaria, en cuanto que más de una vez, su forma de proceder contribuye a que no hayan finalizado en el plazo de 12 meses. Esta conducta de la Administración también está siendo “sancionada” por los Tribunales.

Así, la SAN de 21 de noviembre de 2013 (rec. 394/2010), analiza el supuesto en el que si bien se han apreciado dilaciones imputables al inspeccionado, éstas se han producido antes de la firma del Acta, firma que tuvo lugar antes de la finalización del plazo de 12 meses, siendo lo llamativo que entre la firma del Acta y el Acto de Liquidación transcurrieran 5 meses, por lo que, con buen criterio, la AN entiende que no es imputable a la inspeccionada el exceso en el transcurso del plazo de duración del procedimiento inspector.

“En atención a la doctrina que se ha expuesto, llama la atención de la Sala que, la supuesta dilación atribuida a la parte actora, está constituida por 113 días, entre el 29 de julio de 2008 y el 13 de noviembre de 2008, periodo que transcurre íntegramente con anterioridad a la firma del acta de disconformidad que tuvo lugar el 29 de enero de 2009. Es decir que el procedimiento de comprobación, aún cuando finaliza formalmente con la notificación del acuerdo de liquidación, la realidad es que materialmente todas las Diligencias tuvieron lugar con antelación al 29 de enero de 2009, fecha en que se firmó el acta de disconformidad, por lo que no acierta la Sala a entender en qué medida la existencia de las dilaciones puede computarse a los efectos de duración del plazo, pues parece obvio, que si el 29 de enero de 2009, se firma el acta, es decir antes de que se hubiera finalizado el plazo de doce meses legalmente establecido de duración del procedimiento, que se inició el 12 de marzo de 2008, no cabe imputarle a la actora esas supuestas dilaciones de 113 días, por cuanto no han obstaculizado ni en ningún modo contribuyeron a la imposibilidad de continuar con normalidad el desarrollo de la actividad inspectora, según exige el Tribunal Supremo, pues dicha actividad ya había concluido el 29 de enero de 2009, momento en que se firma el acta, siendo sorprendente, que no es hasta el 29 de junio de 2009 ( 5 meses después) cuando se dicta el Acuerdo de liquidación por el Inspector Regional, que se notifica el siguiente 2 de julio.

Considera la Sala, por tanto, que el exceso en la duración del procedimiento en el caso que se enjuicia, no puede imputarse a la actora, sino que es debido a la tardanza en cinco meses en dictarse el Acuerdo de liquidación, por lo que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo citada, hemos de concluir que no concurre en el presente supuesto el elemento teleológico, que, según el Alto Tribunal necesariamente debe integrar el concepto de “dilación imputable”, ya que no se ha producido ningún impedimento a la Inspección para continuar con normalidad el desarrollo de su tarea, sino que, por el contrario, aún existiendo tales dilaciones, el procedimiento continuó y de hecho se firmaron las actas antes de que transcurriera el plazo de doce meses, ya que en la fecha de la firma, 29 de enero de 2009, aún faltaba un mes y medio para que se cumplieran los doces meses legalmente establecidos para la finalización de dicho procedimiento”.

   

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