LAS RENTAS PAGADAS EN CONCEPTO DE PRODUCCIÓN EN UN CONCIERTO TRIBUTAN EN ESPAÑA

El objeto del presente artículo es analizar, siquiera brevemente, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2012 que casa y anula la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de enero de 2010. El interés de la misma reside en la conclusión a la que ha llegado el Alto Tribunal en un supuesto tan controvertido como es la tributación, a efectos de los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), de las rentas consideradas de producción en el marco de actuaciones musicales.

Los hechos que dan lugar a dicho pronunciamiento se remontan a la gira que el grupo irlandés U2 realizó en España en 1997, celebrando sendos conciertos en Barcelona y Madrid.

Como introducción de lo concluido por esta sentencia, ha de traerse a colación la calificación que los CDI otorgan a las rentas de artistas y deportistas. Estas rentas, con carácter general, se someten a un régimen de tributación compartida entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia, sin tope de tributación en la fuente. La ausencia de tope en el Estado de la fuente la diferencia de otros tipos de rentas, como los cánones, dividendos o intereses en las que sí se suele establecer dicho tope.

En la práctica, esto lleva a que las rentas percibidas por un artista que dé un concierto en España queden sometidas al tipo de gravamen del 24% (24,75% para los años 2012 y 2013). Habida cuenta de que los fees muchas veces se pactan en neto y de la obligación de retener que pesa sobre el promotor de los conciertos, la tributación derivada de posibles regularizaciones posteriores por parte de la Administración tributaria acaba siendo soportada por los pagadores, los promotores en estos casos, siendo muy complicado que los mismos puedan instar, tantos años después, cualquier tipo de acción judicial.

Históricamente, de cara a rebajar la factura fiscal de este tipo de contrataciones comenzaron a proliferar sociedades receptoras de parte de los fees de los artistas en diferentes conceptos, como relacionados con la explotación económica de los derechos de imagen. De esta forma, estos pagos escapaban a la regla de tributación compartida, bien en concepto de beneficios empresariales (que tributan en el Estado de residencia, salvo que se hayan obtenido los mismos en el Estado de la fuente por medio de un establecimiento permanente) o bien en concepto de otras rentas (que siempre tributan en el Estado de residencia).

Estas prácticas llevaron a que la OCDE, en su modelo de 1992, incluyese un apartado segundo en el artículo 17, dedicado a las rentas de artistas y deportistas, por el cual se pudiesen atribuir al artista o deportista rentas percibidas por otra persona en relación con la actividad profesional por él realizada. No cabe duda alguna, a día de hoy, de la naturaleza antielusiva de dicha modificación.

En la interpretación judicial de este tipo de planificaciones quedó sin aclarar, durante un tiempo, la manera en que se tratarían aquellos supuestos en los que el CDI de aplicación hubiese sido firmado con anterioridad a 1992. El problema tenía una especial incidencia en el CDI firmado entre España y Holanda, cuyo artículo 17, dedicado a las rentas de artistas y deportistas, no posee el segundo apartado introducido posteriormente.

A pesar de que un CDI no deja de ser un tratado internacional, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, el Alto Tribunal tuvo a bien acoger la teoría de la “interpretación dinámica de los CDI”. Esta interpretación hace que, en aquellos CDI firmados con anterioridad a 1992, haya que integrar la cláusula antiabuso del apartado 2 del artículo 17 del Modelo de Convenio de la OCDE. Así quedó plasmado en la Sentencia de 11 de junio de 2008. Lejos quedaron pues los tiempos en que fue dictada la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de octubre de 1992, en un asunto relacionado con una actuación de los Rolling Stones.

No obstante lo anterior, quedaba pendiente de resolución un caso como el que ha dado lugar a esta sentencia en el que, además de los fees del artista, hay pagos a una o varias entidades en concepto de producción, de montaje y desmontaje de fastuosos escenarios, de merchandising, de endorsement, etc. En definitiva, de una serie de conceptos que parece tienen la entidad suficiente como para no quedar englobados en la renta de artista y/o deportista.

La Audiencia Nacional, en la sentencia que casa esta otra que es objeto de comentario, así lo entendió y, creemos, de una manera acertada. Y lo dijo de una manera meridiana: “(…) se impone la necesidad de que la Administración, a la hora de regularizar la situación tributaria del pagador, analice esos diversos conceptos, pues no puede todo lo percibido por un artista calificarse como “renta artística”, pues de acuerdo con la doctrina del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, la renta percibida por los empresarios por haber conseguido la aparición en público de un artista queda a extramuros del concepto de renta definida en el art. 17 del Modelo de Convenio, salvo la renta que pudieran aquellos percibir en nombre y por cuenta del artista, en cuyo caso, se trata de artística.

(…) sin que sea procedente la calificación en globo como “renta artística” de los importes satisfechos por la promotora de los conciertos a las diversas entidades participantes en conseguir esas actuaciones musicales y su puesta en escena, en lo que podría denominarse como una especie de asociación temporal de empresarios tendente a conseguir las actuaciones del grupo musical”.

En cambio, el Alto Tribunal ha opinado lo contrario y ha estimado el recurso interpuesto por la Administración General del Estado.

La argumentación, en esencia, considera que el tratamiento a las rentas de artistas y deportistas prevalece y resulta de aplicación sobre los beneficios empresariales, siempre y cuando tengan relación directa o indirecta con una prestación artística o deportiva. Es decir, le otorga una suerte de vis atractiva, similar a la que opera cuando hay inmuebles de por medio.

Y dentro de dicho tratamiento, por supuesto, está la percepción por persona interpuesta de manera directa o indirecta.

Aunque la sociedad no residente haya recibido sus retribuciones en calidad de rendimientos de una actividad empresarial, al prevalecer lo establecido por el invocado artículo 17.2 del aludido Convenio sobre lo señalado por el artículo 7 del mismo, los rendimientos controvertidos deben encuadrarse en el referido artículo 17.2 y tributar en España por el Impuesto sobre Sociedades”.

Una vez más asistimos, con asombro, a que una norma antielusión específica se interprete de una manera general, incluso haciéndole perder su sentido y significado.

Si se aplica el razonamiento del Tribunal Supremo, los servicios que preste un determinado abogado no residente en relación con un asesoramiento de un artista que vaya a actuar en España tendrían que quedar bajo la égida del tratamiento unitario y de la regla de especialidad, pudiendo quedar obligado el promotor que haya contratado con él a retener el 24,75% de sus emolumentos.

Lo que la práctica y el sentido común aconsejan es que, ni todos los grupos que actúan en España necesitan de un importante despliegue a nivel de producción, ni todos los fees pagados con ocasión de una actuación artística acaban yendo a parar al artista que, con actitud elusiva, ha decidido interponer diferentes personas.

La interpretación que ha realizado el Tribunal Supremo hay que valorarla como preocupante para un sector que está herido de muerte tras la crisis económica y la falta de patrocinio público y privado y la letal subida del IVA al nuevo tipo general del 21 %. Quede como un consuelo, quizá menor, el hecho de que la Administración no consideró procedente incoar un procedimiento sancionador en este supuesto.

   

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