LOS EFECTOS DE LA ACCIÓN RESCISORIA CONCURSAL SOBRE LOS ACUERDOS TRANSACCIONALES HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE

La transacción judicial, prevista en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, significa que las partes contendientes en juicio se encuentran facultadas para disponer del objeto litigioso siempre y cuando una Ley no les prohíba, o el interés general o el de un tercero se vea afectado.

A este respecto, resulta interesante referirnos a si un acuerdo transaccional, como expresión de voluntad en los negocios jurídicos, se encuentra blindado a los efectos concursales y más concretamente, a los efectos de la acción rescisoria concursal.

Conforme con lo anterior, nos planteamos si tales acuerdos una vez alcanzados en el marco de un procedimiento judicial y homologados mediante resolución judicial, se ven afectados por las vicisitudes y efectos de la declaración de concurso de una de las partes integrantes del acuerdo alcanzado.

A estos efectos, cabe recordar que declarado el concurso de acreedores, la Ley Concursal (LC) prevé una acción de naturaleza rescisoria con el propósito de proteger y preservar la integridad del patrimonio del deudor insolvente y la paridad de trato de los derechos de los acreedores afectados por el concurso.

En este sentido, el artículo 71 de la LC modula la operatividad del instrumento reintegrador y preservador del patrimonio del concursado, resultando “rescindidos los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los años anteriores a la fecha de declaración de concurso” con independencia de sí sobre los mismos ha intervenido intención fraudulenta.

De lo contemplado en el artículo transcrito se desprende que resultan rescindibles todos los actos realizados por el deudor concursado dentro del periodo sospechoso (durante los dos años anteriores a la declaración de concurso) sin atenerse al título que los soporta, es decir, sin importar si dichos actos se encuentran documentados.

Esto significa, al margen de las presunciones descritas en la Ley, que lo relevante a efectos rescisorios es que el acto, realizado durante el periodo sospechoso antes reseñado, cause un perjuicio que minore de forma injustificada el valor del activo del deudor concursado.

De lo anterior resulta que, tanto los acuerdos alcanzados y escriturados en documentos públicos, como las transacciones judicialmente homologadas, que es el asunto que ahora nos ocupa, no suponen una protección del acto acordado si conforme al mismo se provoca un perjuicio patrimonial injustificado.

Las razones de este tratamiento tan restrictivo encuentran su justificación por una parte, en que el enjuiciamiento del acuerdo transaccional homologado no le priva de su naturaleza de negocio jurídico privado, y por otro, en que no resulta justo ni conforme a derecho que los efectos inter partes que desprenden los acuerdos transaccionales puedan lesionar a los terceros sus derechos.

Es más, incluso los efectos de cosa juzgada que produce la transacción judicial y que significa la imposibilidad de volver a debatir sobre el objeto del litigio (efecto que resulta polémico, al menos doctrinalmente), no suponen una excepción al mecanismo de la acción rescisión concursal.

Además cabe indicar, que siendo el perjuicio y su injustificación el hecho relevador de la necesidad de rescindir el acto, no se debe acudir, al menos únicamente, a las contraprestaciones recibidas en el acto sino además al sacrificio que resultó para el deudor futuramente concursado.

Finalmente, y para señalar un caso práctico, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo de 2006, rescinde una transacción alcanzada por una empresa y su trabajadora sobre su despido al no evidenciarse en el acuerdo una causa justificada. En este caso, la Audiencia entendió que el despido había sido simulado ya que el acuerdo “reconocía un derecho de crédito en la trabajadora sin que existiera una causa onerosa, debiendo por ello aplicarse el régimen propio del negocio simulado previsto en el artículo 1276 del Código Civil, sin perjuicio de que constituya un presupuesto sobre el que se articule la acción rescisoria concursal proyectada sobre la presunción del artículo 71.2 de la LC que no admite prueba en contrario”.

   

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