NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD POR DEUDAS SOCIALES Y “DIES A QUO” PARA PROMOVER LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: STS de 7 de marzo de 2012

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de marzo de 2012 se pronuncia sobre dos importantes cuestiones que han sido objeto de amplios debates doctrinales.

Así, por un lado se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad de administradores por deudas de la sociedad y por otro sobre el criterio a seguir en la determinación del “dies a quo” para el cómputo del plazo de dos meses en los que debe efectuarse la convocatoria de la Junta que deba decidir sobre la disolución de la sociedad cuando concurra causa legal.

Ambas cuestiones, a pesar de haber sido resueltas por nuestro Alto Tribunal, continúan siendo objeto de numerosas controversias judiciales.

La primera de las cuestiones la aborda al mismo tiempo que determina la irretroactividad de la modificación operada por la Ley 19/2005 sobre el antiguo artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actual art. 367 LSC).

Como es sabido, dicha modificación suavizaba la responsabilidad por deudas de los administradores sociales que dejaba de abarcar “todas las deudas sociales” para comprender exclusivamente las deudas “posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución”.

En su argumentación los recurrentes calificaban la responsabilidad por deudas como “sanción”, pretendiendo con ello la aplicación retroactiva de la Ley 19/2005 por obra del artículo 9.3 de la Constitución que permite la aplicación retroactiva de normas sancionadoras favorables.

Pues bien, frente a dicho argumento el Alto Tribunal se alza refiriéndose a varias sentencias (STS 458/2010, de 30 de junio y STS 557/2010, de 23 de septiembre) en las que ya se había rechazado que la responsabilidad por deudas tenga naturaleza punitiva o sancionadora. Conforme con ello entiende que la eficacia en el tiempo de la Ley 19/2005 queda sometida a lo dispuesto en el artículo 2.3 del Código Civil – irretroactividad de leyes si no dispusieren lo contrario- y por ende dicha norma no puede aplicarse con carácter retroactivo.

Con respecto a la segunda de las cuestiones – determinación del “dies a quo” para el computo del plazo de convocatoria de Junta – vuelve a recordar la jurisprudencia uniforme de la Sala (STS 460/2010, de 14 de julio y STS 680/2010 de 10 de noviembre) que ha afirmado con rotundidad que el cómputo de los dos meses para la convocatoria de la Junta de la sociedad tiene lugar desde que los administradores efectivamente conocieron la concurrencia de la causa de disolución, o la habrían conocido de ajustar su comportamiento al de un ordenado empresario.

Es decir, queda meridianamente claro que el “dies a quo” para el cómputo del plazo no es una fecha concreta e inamovible, como pueda ser la aprobación o formulación de cuentas anuales, sino que puede concurrir en cualquier momento de la vida social y serán los administradores los obligados a conocerlo.

   

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