NOTAS CON CARÁCTER DE URGENCIA SOBRE EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO PARA EL AÑO 2012

En el Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE) correspondiente al día de hoy, 1 de marzo de 2012, se ha publicado la Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 (en adelante, Plan de Control Tributario).

En el citado Plan de Control Tributario se establecen diferentes medidas dirigidas a las siguientes fases:

a) Comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero.

b) Control del fraude en fase recaudatoria.

c) Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.

Con el carácter de urgencia se redacta la presente nota con el fin de poner de manifiesto algunas de las novedades más sobresalientes a tener en cuenta de cara al año 2012 en la materia de control tributario.

En lo que se refiere al apartado de comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, el mismo está dividido en los siguientes temas:

a) Economía sumergida.

En esta concreta materia se continúa con las líneas de actuación del Plan de Control Tributario precedente (acciones presenciales en determinados polígonos industriales con la novedad de actuaciones conjuntas con Tesorería General de la Seguridad Social; análisis de datos de consumo; declaración informativa sobre terminales de tarjetas de crédito y el control sobre actividades de importación de productos procedentes de Asia) y se añade el especial seguimiento de las mercancías importadas por empresas inactivas o no declarantes.

b) Rentas no declaradas.

 Muta el nombre de esta línea de investigación que antes englobaba a los obligados tributarios con mayor riesgo fiscal para incorporar como novedades más significativas:

– La ampliación de líneas de actuación de no declarantes a aquellos que no consten identificados en las bases de datos de la Agencia Tributaria pese a ser perceptores de rentas.

– Arrendamientos no declarados por medio de la explotación conjunta de la información proporcionada por el modelo 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 159 de Consumo de energía eléctrica.

– Actividades profesionales, de artistas o deportistas para descubrir tanto ingresos no declarados como gastos ficticios, utilizando la información disponible sobre actividades u operaciones en las que hayan intervenido o sobre los signos externos de riqueza que revelan y analizando la coherencia y proporcionalidad de las partidas de gasto declaradas. Serán objeto de atención preferente aquellos profesionales que obtienen ingresos no sometidos a retención a cuenta y aquellos que incorporen como gastos de la actividad, partidas que, en realizad, son gastos de naturaleza personal.

– Sociedades o grupos de sociedad vinculadas con una persona o su grupo familiar que, careciendo de estructura productiva o comercial, den lugar a la confusión del patrimonio personal y empresarial, mediante la realización de actuaciones de comprobación simultánea a las sociedades y los socios.

 – Se mantendrá la línea de actuación relacionada con operaciones en las que se hayan utilizado billetes de alta denominación, analizándose de manera sistemática la información contenida en la declaración de movimiento de efectivo del modelo 171 y las declaraciones S1 sobre movimientos de efectivo por el territorio nacional.

– Se intensificará el acceso al registro de Operadores Intracomunitarios, como medida de carácter preventivo en materia de tramas de fraude de IVA.

– Rentas inmobiliarias, en particular, las obtenidas en las operaciones más complejas en el ámbito urbanístico o las generadas mediante transmisiones sucesivas de un mismo inmueble entre varios sujetos.

– Incumplidores sistemáticos de las obligaciones tributarias, mediante la implantación de sistemas de alertas tempranas.

– Contribuyentes en estimación objetiva que dividen artificialmente su actividad entre varios sujetos con el fin de evitar la exclusión de este régimen. Asimismo, se desarrollarán actuaciones de control de renunciantes o excluidos de los regímenes objetivos de tributación y se incidirá en el control de operaciones inusuales, o de importe excesivo, que vinculen a empresarios en módulos con otros empresarios o profesionales en estimación directa.

c) Fiscalidad internacional.

Se crea, de manera específica e independiente, este bloque de líneas de actuación con una especial incidencia en la explotación de información procedente de los territorios o países que han dejado de figurar en la lista de paraísos fiscales, en especial Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas.

Se valoran positivamente los cambios introducidos a nivel de OCDE en materia de intercambio de información, permitiéndole a la Administración poder obtener información de activos, depósitos y otros productos financieros existentes en determinados territorios y cuyos titulares reales son residentes en España.

El control referido a los precios de transferencia pasa a estar incardinado en este bloque por lo que puede quedar la duda de si la Inspección tributaria se va a fijar como objetivo prioritario los supuestos internacionales, en detrimento de los precios de transferencia a nivel interno. Las líneas de actuación de este bloque, además de las mencionadas, serán las siguientes:

– Personas que residen en España pero localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países, sobre todo, en países o territorios de baja tributación o paraísos fiscales, con el propósito de eludir el pago de impuestos en España. 

– Contribuyentes con residencia fiscal en España que, con el objetivo de eludir o minorar el pago de impuestos, sitúan de manera artificial sus activos, bienes o rentas fuera de nuestro país, utilizando para ello entidades o estructuras fiduciarias.

– Contribuyentes no residentes en España titulares de cuentas bancarias en nuestro país a fin de comprobar si los capitales depositados proceden de negocios ubicados en España y, por tanto, están sujetos a tributación en nuestro país.

– Entidades residentes en España o no residentes con establecimiento permanente y, por lo tanto, sujetos a tributación en España que se transforman en entidades no residentes sin establecimiento permanente con la finalidad de dejar de pagar impuestos en España, sin haber modificado en realidad sus formas de operar comercialmente en territorio español.

d) Planificación fiscal abusiva.

Por lo que se refiere a este bloque de líneas de actuación resaltan las siguientes novedades:

– La lucha contra estructuras que supongan una acreditación indebida de gastos financieros, sobre todo intragrupo, con la finalidad de reducir o eliminar bases imponibles en España.

– Compensación anticipada o irregular de bases imponibles negativas generadas, especialmente, fuera de España.

– Prácticas que persigan el doble aprovechamiento fiscal de pérdidas o gastos de personas jurídicas, en particular, mediante el uso de entidades o instrumentos híbridos.

– Aplicación indebida del régimen establecido en el capítulo VIII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en las operaciones de reestructuración empresarial.

– Utilización indebida de fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro o parcialmente exentas para desviar rentas procedentes de actividades económicas y minorar así su tributación.

e) Controles de productos objeto de Impuestos Especiales.

Se mantienen las mismas líneas de actuación que se venían llevando a cabo en el Plan de Control Tributario anterior.

f) Contrabando.

La modificación reciente de la Ley Orgánica de Contrabando, que se aplica desde el pasado 12 de julio de 2011, responde a un profundo replanteamiento internacional de las misiones de las aduanas, con mayor protagonismo de la protección contra el comercio desleal o ilegal, por un lado, y de la seguridad y protección de la Unión Europea, sus ciudadanos o el medio ambiente, por otro.

g) Controles aduaneros específicos.

Se mantienen las mismas líneas de actuación que se venían llevando a cabo en el Plan de Control Tributario anterior.

El segundo gran bloque tiene como objeto el control del fraude en fase recaudatoria. Se sigue, en la misma línea del Plan de Control Tributario anterior, apostando por el uso de las medidas cautelares desde el mismo inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, unido con las facultades existentes en Ley General Tributaria que permiten derivar la responsabilidad aun no existiendo notificación de la liquidación al deudor principal, acompañado de la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra dicho responsable declarado. Unos procedimientos de derivación de la responsabilidad que, por otro lado, se quieren impulsar como línea de actuación generalizada.

Como novedad, se establecerán medidas para combatir la utilización con fines fraudulentos de los aplazamientos de pago. –Se vigilarán estas situaciones con el fin de evitar el fraude derivado de la presentación de autoliquidaciones con solicitudes de aplazamientos que tengan por objeto conseguir una dilación o elusión del pago de las deudas pendientes, incrementando la adopción de medidas cautelares durante la tramitación de aplazamientos. Una línea de actuación criticable desde el punto de vista de quien suscribe la presente nota, toda vez que la dilación en el pago, con la actual Ley General Tributaria, no es gratuita ya que se giran, por parte de la Administración Tributaria, los correspondientes intereses de demora. No pudiendo suscribir este autor que dicha práctica, frecuente por otro lado, pueda llegar a tildarse de dilaciones con fines fraudulentos.

Otra de las novedades viene dado por el impulso de los medios telemáticos en las relaciones con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.–Se potenciará la utilización de medios telemáticos que permitan el envío de los mandamientos de embargo a los Registros de la Propiedad y Mercantiles y se generalizará el uso de esa misma vía para los intercambios de información que deban tener lugar entre los órganos de la Agencia Tributaria y los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

Por lo que respecta a la recaudación bajo el supuesto de sentencia firme condenatoria, cuando se encomiende a la Agencia Tributaria la gestión recaudatoria de la responsabilidad civil derivada de un delito contra la Hacienda Pública y de las multas que hayan sido impuestas, los órganos de recaudación solicitarán a los jueces la retirada de la suspensión del ingreso en prisión ante el incumplimiento de sus obligaciones de pago sin ser insolventes.

Por otro lado, se realizarán actuaciones contra el fraude relacionado con la presentación de autoliquidaciones sin ingreso asociado. –Los órganos de recaudación realizarán actuaciones respecto a los obligados tributarios que, sistemáticamente, si bien han presentado formalmente sus declaraciones y autoliquidaciones, no proceden después a su ingreso. Para ello se fomentarán las personaciones en las sedes de estos obligados tributarios, a fin de obtener información relativa a bienes y derechos de crédito frente a terceros procedentes de sus relaciones comerciales o empresariales, susceptibles de embargo. Del mismo modo, se investigará el destino dado a las cantidades efectivamente cobradas y no ingresadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido para determinar posibles vaciamientos patrimoniales.

Se realizará un especial seguimiento de las autoliquidaciones en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido que se presenten sin ingreso como consecuencia de daciones en pago.

Con estas medidas se pretende impedir el perjuicio tanto a la Hacienda Pública como el que esta forma de competencia ilícita provoca al sector económico en el que estos obligados tributarios actúan.

Por último, y sin ánimo de resultar exhaustivos, se establece la posibilidad de realizar embargos de de pagos presupuestarios.–Para mejorar el embargo de estos derechos de cobro se establecerá un sistema centralizado de embargos de los pagos presupuestarios efectuados por organismos autónomos y otros entes públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Además, se mejorará el sistema de embargos presupuestarios de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

En relación con el tercer punto, Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas se incluye, de manera específica, en el Plan de Control Tributario las relaciones entre Territorio Común y los Territorios Históricos que conforman País Vasco y Navarra.

En 2012 se profundizará y se incidirá especialmente en el intercambio de información entre la Administración Tributaria del Estado y las Haciendas Forales que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones, particularmente, en materia de lucha contra el fraude.

Igualmente, se reforzará la colaboración y coordinación entre las Administraciones estatal y forales para detectar y combatir planificaciones fiscales o deslocalizaciones ficticias que persigan aprovecharse de las diferencias normativas entre los distintos territorios o de la existencia de Administraciones Tributarias diferentes.

Los obligados tributarios cuyo domicilio efectivo no se corresponda con el declarado y las entidades que tributen conjuntamente a las Haciendas Estatal y Forales en proporción a su volumen de operaciones, serán objeto de atención preferente.

   

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