NUEVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN A LAS DILIGENCIAS DE ARGUCIA

En recientes fechas se ha publicado Sentencia del Tribunal Supremo 4664/2014, de 13 de noviembre de 2014, donde se analiza la aplicación del artículo 150.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante LGT), en relación a la inactividad inspectora durante el plazo de seis meses y cese del efecto interruptivo de la prescripción del derecho a liquidar.

Como es sabido, el mencionado precepto legal establece los plazos para que el Órgano de Inspección Tributaria realice las actuaciones que crea convenientes. Así, se prevé un plazo general de 12 meses que, puede ser prolongado por otros 12 meses. Pero, el segundo apartado del artículo 150 de la LGT, matiza que la interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario, tiene como efecto que no interrumpirá la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada. Por lo que, el artículo 150 de la LGT no solo estable los plazos en los que se debe desarrollar el Procedimiento Inspector sino que, a su vez, obliga al Órgano Inspector a ser activo durante el procedimiento en aras de garantizar un correcto funcionamiento de la Administración y seguridad del contribuyente. En ciertas ocasiones, al percatarse que el plazo de seis meses de inactividad está a punto de cumplirse, la Administración suele dictar lo que doctrinal y jurisprudencialmente se conocen como “diligencias de argucia”. La principal característica de estas diligencias radica en que su finalidad consiste en aparentar el progreso de la actividad inspectora, sin que realmente responder a un verdadero impulso, todo ello a los efectos de poder interrumpir el periodo de prescripción del elemento tributario y disponer de mayor plazo para su comprobación.

El Tribunal Supremo ha señalado con reiteración que no cualquier acto realizado en el seno de un procedimiento de comprobación e inspección puede tener eficacia interruptiva de la prescripción, sino exclusivamente los tendencialmente ordenados a iniciar o proseguir los respectivos procedimientos administrativos o que, sin responder meramente a la finalidad de interrumpir la prescripción, contribuyen efectivamente a la liquidación, recaudación o imposición de sanción. Por lo tanto, carecen de tal eficacia interruptiva las “diligencias de argucia”, en cuya base subyace una idea esencial consistente en conceptuar como “acción administrativa” aquella que realmente no tiene el propósito de determinar la deuda tributaria en una relación causa efecto sino, simplemente, evitar los perjudiciales efectos que para la Administración puede acarrear el incumplimiento de los plazos legales corrientes.

Así, en el litigio resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo 4664/2014, en un procedimiento de comprobación, el Órgano de Inspección, a falta de dos días para que transcurriese el plazo de seis meses de inactividad, exigió al contribuyente justificación de cuatro apuntes bancarios sin que mediase ninguna correlación con la materia que estaba siendo objeto de inspección.

El procedimiento se limitaba a comprobar la correcta aplicación del Régimen Especial de Fusiones, Escisiones, Aportación de Rama de Activos y Canje de Valores previsto en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995 en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002. Por lo tanto, la irrelevancia material de la petición contenida en la mencionada diligencia resulta, según el Tribunal Supremo, indiscutible. El Órgano resolutor expone, además, que nada de lo que en ella se refleja guarda relación con la operación de escisión parcial que constituye el objeto de la comprobación.

En definitiva, el Tribunal Supremo entiende que la diligencia de la Administración no tuvo por finalidad dar continuación el procedimiento inspector mediante la realización de una actuación encaminada a contribuir efectivamente a la liquidación de la deuda tributaria, sino exclusivamente, a eludir, aparentando dar continuidad al expediente, el transcurso del plazo de seis meses de interrupción de las actuaciones. Así pues, la sentencia considera que existe inactividad inspectora por más de seis meses, con la consiguiente consecuencia de cese del efecto interruptivo de la prescripción.

Con ello, la jurisprudencia tiene como finalidad marginar las llamadas “diligencias de argucia” con base en una idea esencial consistente en conceptuar solo como “acción administrativa” atendible aquella que realmente tiene el propósito de determinar la deuda tributaria, y que, en cuanto a la interrupción de la prescripción, exige la presencia de actuaciones administrativas que tiendan realmente a la regularización tributaria.

   

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