PLAZO DE CONCESION PARA APORTAR LA DOMENTACION EN UN PROCEDIMIENTO DE INSPECCION EN EL MARCO DE OPERACIONES VINCULADAS: ¿DILACION?

Cada vez es más común que en los Tribunales, a consecuencia de los procesos de inspección en el marco de operaciones vinculadas, se discuta la imputación a los contribuyentes de las dilaciones valoradas por la Inspección y que suelen derivar del retraso en la entrega de datos o documentos solicitados.

Entre la múltiple jurisprudencia existente, podemos destacar las sentencias de la Audiencia Nacional de 9 de marzo de 2011, de 26 de enero de 2011 o de 21 de julio de 2011.

En todas ellas, el problema de base es el mismo: nos encontramos en un procedimiento de inspección en el cual se solicita al obligado tributario información que no se encuentra a su disposición sino que obra en poder de otras empresas vinculadas o participadas por éste.

En estos casos el Tribunal es tajante en cuanto a la aplicación del artículo 36.4 del Real Decreto 939/1986 de 25 de abril (actualmente artículo 171.3 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio) y la concesión de un plazo mínimo de 10 días para el cumplimiento del requerimiento no considerándose dilación imputable al obligado los plazos que “razonablemente” excedan de ese plazo mínimo.

De las sentencias antes mencionadas, se puede concluir que si la Administración no concede tiempo alguno por encima de los 10 días obligatorios, se entiende aplicable de facto dicho artículo, lo que incidirá directamente en el cómputo de las dilaciones. Así lo entiende el Tribunal al señalar que “en definitiva, si la Administración dejó un tiempo prudencial para aportar la documentación no proporcionada, ese plazo, a falta de una concesión expresa por parte de la Administración, al amparo del referido artículo 36,4 del RGIT , debe de entenderse referido por la Sala, no sólo al plazo mínimo de 10 días -que deben reputarse hábiles- (…)”.

Lo anterior nos permite avanzar más y señalar que la jurisprudencia entiende que el plazo concedido siempre tiene que ser superior al mínimo de 10 días, dada la dificultad de obtención de dicha información. Así lo entiende, por ejemplo, el Tribunal en la sentencia 26 de enero de 2011 “en este ámbito debe jugar un papel esencial el principio de proporcionalidad, de manera que ese plazo mínimo será exigible cuando la aportación de documentación sea sencilla, pero en absoluto puede mantenerse cuando la aportación de datos sea compleja o se refiera a datos de difícil búsqueda”.

Esto es muy relevante, ya que la Inspección tiende a declarar como dilación imputable al interesado todo plazo que exceda del mínimo de 10 días para aportar la documentación y por tanto, excluye de forma casi automática todo este tiempo del cómputo global de la duración del procedimiento.

La no consideración de dichas dilaciones como imputables al obligado tributario puede determinar en muchos casos una duración del procedimiento superior a doce meses y por tanto, la posibilidad de que pueda haber quedao prescrito el derecho a liquidar de la Administración.

Otra cuestión que es importante no olvidar a efectos de la concesión de un plazo acorde a la complejidad de la documentación requerida es, que en la mayoría de los casos, la información solicitada no sólo no se encuentra en poder del obligado, sino que su obtención se torna imposible al ser documentación de terceros que el obligado ni puede ni tiene autoridad para conseguir. Para este supuesto, en la sentencia de 21 de julio de 2011, el Tribunal dio la razón al obligado tributario en cuanto se le solicitó información mercantil correspondiente a terceros que se integraban con él en el mismo grupo empresarial, aunque en este caso se trataba de información de aportación no obligatoria

Todo ello comporta que el Tribunal falle a favor de los obligados y considere que nunca se puede entender dilación el plazo concedido al obligado para poder localizar y preparar este tipo de documentación, siendo aplicable la normativa general del procedimiento de inspección también en el marco de las operaciones vinculadas.

Cabe recordar, como último inciso, que aunque se beneficie en este sentido al obligado en cuanto a la concesión de un plazo acorde con la complejidad del requerimiento, la Dirección General de Tributos en la Consulta Vinculante 1/2011 entiende que es responsabilidad del sujeto conservar en su poder toda la documentación relativa a operaciones vinculadas y que pueda ser solicitada por la Administración en cumplimiento del ordenamiento vigente y que su no aportación o no tenencia puede acarrearle sanciones incluso cuando no sea su deber la elaboración de la misma sino de otra entidad o de la matriz.

   

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