PRIMER PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LOS REQUISITOS Y FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El Alto Tribunal se ha pronunciado en virtud de la Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero de 2016 en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, condenando a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto, en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela, en los términos siguientes:

  • Se confirma la pena de multa de 775 millones de euros para cada una de las sociedades.
  • Se confirma la disolución de una de ellas y la prohibición de realizar actividades comerciales en España por 5 años de la segunda, dada su nacionalidad extranjera que impide su disolución por decisión de nuestros Tribunales.
  • Se excluye la pena de disolución para la tercera sociedad, con la finalidad de preservar los puestos de trabajo de la misma, debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que, a juicio del Tribunal, no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida.

La referida resolución, incluyendo su voto particular al que dedicaremos unas líneas, es de gran trascendencia, fundamentalmente, por tratarse de la primera ocasión en la que el Tribunal analiza aspectos fundamentales del régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas previsto en el artículo 31 bis del Código Penal siendo, en nuestra opinión, y sin perjuicio de la recomendable lectura del texto íntegro del documento, su contenido destacable el siguiente:

1. Requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

El Alto Tribunal indica que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en la concurrencia de dos requisitos fundamentales:

  • En primer lugar, es precisa la previa comisión de un delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso se trataba de administradores de hecho y de derecho).
  • En segundo, el TS considera “núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica” la ausencia de medidas de vigilancia y control adecuadas para evitar la comisión de delitos por quienes integran la organización.

En relación con este segundo requisito, el Tribunal sostiene que la afirmación de la responsabilidad penal de la persona jurídica ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, “por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran”.

Continuando con el análisis de la requerida ausencia de medidas de control, y sin ánimo de entrar en cuestiones técnicas, nos gustaría realizar una breve referencia al siguiente criterio manifestado por el Tribunal: “a nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción”, ya que, discute expresamente el principio mantenido por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, según el cual, la eximente operaría como una “excusa absolutoria”. Siguiendo con su argumentación, el Tribunal proclama que corresponde a la acusación la acreditación de la inexistencia de tales controles. Esta es una de las materias objeto del voto particular al que nos referiremos en el apartado 5.

2. Posibles conflictos de intereses procesales y el derecho de defensa de la empresa.

Atendiendo a la posible existencia de un conflicto de intereses procesales entre la sociedad y su representante legal (máxime en el supuesto de que este representante fuera el posible responsable de la infracción que da origen a la condena de la representada), que podría conculcar el derecho de defensa de la persona jurídica, la Sentencia insta al legislador a resolver el interrogante acerca de cuál habrá de ser el régimen para designar la persona física que deba actuar en representación de la persona jurídica en el procedimiento en el que se enjuicie su posible responsabilidad penal, “no sólo en el ejercicio de la estricta función representativa sino también a la hora de dirigir y adoptar las decisiones oportunas en orden a la estrategia de defensa a seguir como más adecuada para los intereses propios de la representada”.

Desconocemos si en un intento de dar ideas al legislador, la Sentencia recuerda la propuesta incluida en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 que atribuía estas funciones de defensa de la sociedad al oficial de cumplimiento (Compliance Officer).

3. Sociedades “pantalla”.

Con ocasión de la argumentación sobre el mantenimiento de la pena de disolución para una de las sociedades, el Tribunal recurre a la distinción entre personas jurídicas imputables e inimputables recogida en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. Así, la Sentencia advierte en una de las sociedades condenadas la condición de sociedad estrictamente instrumental, carente de cualquier actividad lícita y creada, exclusivamente, para la comisión de delitos y, en consecuencia, la coloca fuera del ámbito del artículo 31 bis del Código Penal.

A juicio del Tribunal, “por consiguiente, quizás hubiera merecido en su día directamente la disolución por la vía del art. 129 CP, que contemplaba la aplicación de semejante “consecuencia accesoria” a aquellos entes que carecen de una verdadera personalidad jurídica en términos de licitud para desempeñarse en el tráfico jurídico (…).”

Una vez posicionada esta sociedad fuera del ámbito del artículo 31 bis del CP, el Tribunal declara: “No obstante, a la vista de los preceptos correspondientes y en concreto de lo dispuesto en el art. 66 bis, acreditado ese carácter exclusivamente ilícito de su actividad y la comisión del delito contra la salud pública por su representante, de acuerdo con lo razonado por la Audiencia, resulta en este caso procedente, por razones de utilidad, mantener la imposición de la pena de disolución, por otra parte de carácter esencialmente formal puesto que, cumplida y agotada la “misión” delictiva para la que fue realmente constituida, su existencia en la práctica perdió ya sentido, junto con la de multa que, obviamente, será de, cuando menos, muy difícil ejecución.”

4. Beneficio directo o indirecto.

Uno de los elementos que configuran la base para la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica es que el delito cometido por la persona física reporte alguna clase de beneficio directo o indirecto para la entidad. El Tribunal vaticina que la determinación de la existencia de tal beneficio será objeto de múltiples debates y deberá ser resuelta de forma casuística, reconociendo que, en muchas ocasiones, podrá resultar difícil imaginar la obtención de una ventaja directa para aquel ente que desarrolla una actividad como consecuencia de la comisión de un ilícito.

En consecuencia, los Tribunales deberán matizar sus decisiones en cada supuesto concreto, “buscando la existencia de una verdadera relación entre el delito cometido y la obtención de la ventaja, provecho o beneficio, directo o indirecto, y huyendo de posiciones maximalistas e igualmente rechazables, tanto las que sostienen que siempre existirá un provecho para la persona jurídica, aunque sólo fuere por el del ahorro económico que le supone la inexistencia de adecuados mecanismos de control, como de aquellas otras, en exceso restrictivas, que pueden llegar a negar tales beneficios, (…) por el perjuicio que en definitiva un posible daño reputacional y el cumplimiento último de las penas, (…) causan a la propia persona jurídica.”

5. Voto particular.

La Sentencia cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que, a pesar de compartir el fallo de la resolución, discrepan de parte de la doctrina que recoge, fundamentalmente, en relación con los siguientes elementos:

  • Respecto al requisito de la necesidad “ausencia de una cultura de respeto al derecho” dentro de la compañía, se argumenta en el voto particular lo siguiente:

“(…) no compartimos que esta ausencia se pueda calificar, en la específica regulación vigente, como “el núcleo de la tipicidad” o como un elemento autónomo del tipo objetivo definido en el art 31 bis 1º CP 2015, (…).

(…)

Sin constituir un elemento adicional del tipo objetivo que exija a la acusación acreditar en cada supuesto enjuiciado un presupuesto de tipicidad tan evanescente y negativo como es demostrar que el delito ha sido facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho en el seno de la persona jurídica afectada, “como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran”, que es lo que, con cierta confusión, constituye el elemento típico que exige acreditar en cada caso la sentencia mayoritaria (fundamento jurídico octavo).”.

  • Tal y como se ha anunciado en el apartado 1, respecto a la aplicación de las causas de exención o atenuación de la responsabilidad penal de las empresas, para una parte de los magistrados, en la Sentencia se alteran las reglas probatorias:

“Ahora bien no apreciamos razón alguna que justifique alterar las reglas probatorias aplicables con carácter general para la estimación de circunstancias eximentes, imponiendo que en todo caso corresponda a la acusación la acreditación del hecho negativo de su no concurrencia. No se exige en un homicidio que el Ministerio Fiscal acredite sucesivamente que no concurre legítima defensa, ni estado de necesidad, ni miedo insuperable, salvo que alguna de estas circunstancias se haya alegado expresamente y conste una base razonable para su apreciación.

(…)

Prueba de que el propio Legislador sigue este criterio probatorio de carácter general es que en el párrafo segundo del número 2º del art 31 bis se establece expresamente que cuando las circunstancias que dan lugar a la exención “solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena”. Por ello nos causa preocupación, en la medida en que puede determinar un vaciamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, e incluso su impunidad, la propuesta de inversión del sistema ordinario de prueba en esta materia, que puede constatarse, por ejemplo, en diversos párrafos del fundamento jurídico octavo de la sentencia mayoritaria, que establecen la doctrina de que no se puede dispensar a la acusación de su obligación de acreditar la “inexistencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito” en el seno de la persona jurídica, en lugar de considerar que el objeto de la prueba no es la inexistencia, sino la disposición de estos instrumentos.

En nuestra opinión, esta Sentencia es un hito importante en materia de compliance en nuestro país, puesto que permite a los profesionales de este ámbito disponer de ciertos criterios interpretativos, a sumar a los existentes hasta la fecha recogidos en las Circulares 1/2011 y 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

Documentos relacionados:

  • Sentencia del TS 54/2016, sobre los elementos que configuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Descargar aquí
   

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