PRÓXIMAS MODIFICACIONES EN EL MARCO REGULATORIO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Proyecto de Ley de Modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros en octubre de 2013, el pasado 22 de enero el Congreso daba luz verde al Proyecto de Ley de Modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, el “Proyecto”). En este sentido, se espera que la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de incorporar a la legislación española la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo plazo de trasposición finalizó el pasado 13 de diciembre de 2013, sea efectiva en los primeros meses de 2014. De hecho, en virtud de lo dispuesto en la referida Directiva, las medidas incluidas en la reforma deberían aplicarse a partir del 13 de junio de 2014.

Sin perjuicio del resto de disposiciones del Proyecto, a continuación nos centraremos en aquellas que afectarán al régimen jurídico de la contratación electrónica, incluyendo algunas implicaciones prácticas que la reforma tendrá para los titulares de páginas web de comercio electrónico. Así, los aspectos principales del marco regulador del comercio electrónico que se verán afectados son los siguientes:

  • 1.- Información precontractual.

Las obligaciones relativas a la información que debe facilitarse al consumidor antes de que quede vinculado por cualquier contrato a distancia, se incrementarán con la entrada en vigor del Proyecto.

A grandes rasgos, se amplían las obligaciones de información en relación con: (i) la identidad y datos de contacto del empresario, al objeto de que el consumidor pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz, (ii) las obligaciones de pago del consumidor, de forma que conozca el precio total del contrato, (iii) el derecho de desistimiento o renuncia del contrato y (iv) la funcionalidad, interoperatibilidad y medidas técnicas de protección que les apliquen a los contenidos digitales que, en su caso, sean objeto del mismo.

Las nuevas exigencias informativas deberán recogerse adecuadamente en el Aviso Legal y las Condiciones de Venta de las páginas web de las sociedades que operen en el ámbito del comercio electrónico.

  • 2.- Requisitos formales de los contratos a distancia.

En línea con el carácter tuitivo y proteccionista del consumidor que inspira la reforma, el Proyecto impone al empresario la obligación de velar para que el consumidor, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago.

En la práctica, y de conformidad con lo indicado en el Proyecto, será preciso etiquetar el botón de pedido o “checkbox” a través del cual se acepte el pedido por el consumidor, con la expresión “pedido con obligación de pago” o una referencia análoga, no ambigua, que indique que la realización del pedido lleva aparejada la obligación de pagar al empresario. Es decir, no será suficiente con incluir una referencia al precio u obligaciones de pago en las Condiciones de Venta o en el desglose del pedido. Este aspecto es importante, ya que, en caso contrario, el consumidor no quedará obligado por el contrato o pedido.

Asimismo, se incluyen disposiciones contra las llamadas “cargas encubiertas”, aplicables, con carácter general, a toda contratación con consumidores y no solo en el ámbito de la contratación electrónica. En virtud de la reforma, el consumidor tendrá que otorgar de forma expresa su consentimiento (sistema “opt-in”) para cualquier pago adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal. Con esta disposición, se evitarán, por ejemplo, las habituales contrataciones involuntarias de seguros de viaje cuya aceptación se incluye por defecto (mediante casillas premarcadas o sistemas “opt-out”) en los procesos de compra online. En estos supuestos, en los que el pago adicional aparece seleccionado por defecto, el consumidor tendrá derecho al reembolso del mismo.

Además, en relación con el uso de medios de pago por parte de los consumidores y usuarios, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan del coste soportado por éstos por el uso de tales medios de pago. Entendemos que esta previsión evitará aquellos casos en los que el pago por cualquier medio que no sea la tarjeta de la empresa en cuestión aumenta considerablemente el coste del producto o servicio.

  • 3.- Derecho de desistimiento.

Las modificaciones previstas suponen una regulación más amplia del derecho de desistimiento o renuncia del contrato a favor del consumidor incorporando un formulario normalizado, que el consumidor podrá utilizar para estos casos, al tiempo que se amplía el plazo para su ejercicio de 7 a 14 días naturales. En caso de que el empresario no facilite al consumidor la información exigida sobre el derecho de desistimiento, se amplía el plazo para desistir del contrato hasta 12 meses.

Por otra parte, se contempla la posibilidad de que el empresario ofrezca al consumidor la opción de cumplimentar el formulario de desistimiento en línea, en cuyo caso deberá proporcionar sin demora indebida un acuse de recibo, por ejemplo, por correo electrónico.

Respecto a las consecuencias del ejercicio de tal derecho, es preciso tener en consideración que el consumidor tendrá obligación de soportar los costes directos de devolución de los bienes, salvo en los casos en los que el empresario haya aceptado asumirlos o no le haya informado previamente de que le corresponde abonarlos.

Por todo lo anterior, la reforma hace imprescindible una revisión de los procesos de contratación electrónica de las web dedicadas a esta actividad y, en concreto, de los Avisos Legales y Condiciones de Venta incluidos en las mismas. Todo ello, atendiendo a las consecuencias que prevé el Proyecto para los supuestos de incumplimiento de determinadas obligaciones y que se han comentado brevemente en el presente artículo (como, por ejemplo, la ampliación del plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor, no vinculación del consumidor por el contrato cuando las obligaciones de pago no hayan sido expresamente aceptadas, etc).

   

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