“CANON RADIOFÓNICO” Y DERECHO DE INFORMACIÓN

«Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente siente por el fútbol y si no están, el fútbol no será lo mismo». « José Mourinho».

La práctica totalidad de las emisoras de radio representadas por la Asociación Española de Radio Difusión Comercial-AERC- continúan negándose a negociar con Liga Nacional de Fútbol Profesional –LFP – el pago de un canon por los derechos de retransmisión radiofónica de los encuentros de fútbol que los equipos españoles disputen en la liga BBVA (1ª División), la Liga Adelante (2ª División) y la Copa de S.M. El Rey.

Los argumentos que los operadores de radio esgrimen en su defensa consisten básicamente en una supuesta vulneración del derecho a la información y en las diferencias existentes entre la retransmisión televisiva y radiofónica. En su comunicado del pasado mes de agosto justificaban el rechazo al canon apuntando que en la retransmisión radiofónica los oyentes no reciben el espectáculo a través de las imágenes sino a través de una visión “personal y subjetiva” del profesional de la radio y que dicha retransmisión no desincentiva la asistencia a los estadios de los seguidores. A su juicio la radio se posiciona más cerca de la prensa escrita que de la emisión por televisión.

Sin perjuicio de que la reclamación por parte de la LFP pueda parecer más o menos oportunista e interesada – obviamente el objetivo de esta iniciativa es aumentar las vías de financiación de los clubes – conviene, hablando en términos futbolísticos, “bajar la pelota al piso” y pasar por el tamiz del ordenamiento jurídico vigente el argumentario de las empresas radiofónicas.

Es incuestionable la existencia del derecho de información – recogido en el artículo 20 de la Constitución – que se encuentra dentro del catálogo de derechos susceptibles de amparo constitucional y que debe ser, como prescribe nuestra norma fundamental, garantizado por los poderes públicos.

El debate jurídico parece quedar circunscrito a dilucidar el alcance del referido derecho. Es decir, si el derecho de información permite la narración integra del espectáculo futbolístico o si por el contrario debe quedar limitado a determinados sucesos del encuentro deportivo correspondiente.

El Tribunal Constitucional ha configurado el derecho de información como un derecho de libertad que corresponde a los ciudadanos y que consiste en el derecho a comunicar y recibir comunicación veraz por cualquier medio de difusión constituyendo un presupuesto básico para la formación de la opinión pública. Básicamente lo que ello significa es que no deben existir interferencias ni intromisiones que dificulten o impidan el proceso de comunicación de la información.

Por ello debe garantizarse el derecho de los periodistas a informar y el de los ciudadanos a ser informados y todo ello sin coste alguno. Sin embargo el derecho de información no puede amparar un derecho incondicionado de acceso gratuito a los estadios de fútbol para elaborar un espectáculo radiofónico a través del cual se obtiene un lucro.

El propio formato de los programas de radiodifusión (Carrusel Deportivo, Tiempo de Juego, etc) que retransmiten los encuentros de fútbol transcienden de lo meramente informativo y además de informar ofrecen a los oyentes una alternativa de ocio que se construye con un material – espectáculo futbolístico – que tiene un coste muy alto para las entidades deportivas. Siendo así, no parece justo que una empresa – radiofónica o de otro tipo – se lucre con el esfuerzo económico que realizan otras.

A nuestro juicio el derecho de información queda suficientemente garantizado con la posibilidad de informar acerca de los acontecimientos que se produzcan en el encuentro futbolístico (goles, cambios de jugadores, tarjetas, resultado final, etc).

Esta postura fue la recogida en la Ley General de Comunicación (Ley 7/2010 de 31 de Marzo). Dicha norma se ocupó de garantizar el derecho de información con la llegada de las emisiones exclusivas de contenidos audiovisuales (Pay per view – emisiones codificadas). Así, el artículo 19.3 del texto legal obliga a los prestadores de servicios de comunicación que tengan los derechos exclusivos a permitir al resto la emisión de un breve resumen informativo, sin recibir contraprestación alguna, siempre que se haga en diferido y tenga una duración inferior a 3 minutos.

Frente a ello las empresas radiofónicas intentan distinguirse a toda costa de los operadores de comunicación audiovisual y evitar la aplicación de dicha norma. Aunque lo cierto es que existen argumentos jurídicos suficientes para que así sea. La definición contenida en el artículo 2.1. de Prestador de Servicio de Comunicación Audiovisual (“persona, física o jurídica, que tiene el control efectivo sobre la selección de los programas y contenidos y su organización en un canal o en un catálogo de programas”), la inclusión de las emisiones radiofónicas como modalidad de servicio de comunicación audiovisual ( art. 2.2 c) ) y la calificación de los programas de radio como programa audiovisual ( art. 2.6 b)) podrían permitir interpretar que son prestadores de servicios de comunicación audiovisual y por tanto están afectados por dicha norma.

Debe tenerse presente en todo caso que el pago del canon no es algo nuevo para las radios españolas que pagan religiosamente para retransmitir las competiciones de la FIFA y de la UEFA. Tampoco lo es en países de nuestro entorno, Alemania, Italia y Reino Unido comercializan los derechos de retransmisión radiofónica.

Pese a lo anterior, no parece que José Mourinho deba temer por las narraciones de los partidos en las radios, la consigna de las empresas de radiodifusión es continuar haciendo los programas deportivos y retransmitiendo los partidos sin abonar un euro. Así lo han venido haciendo en las primeras jornadas de liga, acudiendo como espectadores a los estadios o narrándolo desde los estudios a través de las imágenes ofrecidas por la televisión.

De perdurar la actitud de las radios, la LFP y los clubes podrían iniciar acciones legales para tratar de impedir retransmisiones radiofónicas y reclamar los beneficios obtenidos indebidamente. Veremos si lo hacen, ya que existen argumentos e instrumentos jurídicos suficientes para hacer valer sus derechos.

   

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *