RECALIFICACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS: Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 09 de Marzo de 2011.

La presente sentencia tiene por objeto analizar la potestad de la Administración Tributaria para recalificar negocios jurídicos realizados entre partes vinculadas para su posterior ajuste a valor de mercado.

En el presente caso, se analiza un supuesto en el que de la contabilidad de la entidad comprobada se deducía la existencia de un contrato de “cuenta corriente” con otra entidad vinculada, no devengándose, por dichas disposiciones, interés alguno. La Administración, haciendo uso de su potestad para recalificar negocios jurídicos, considera que en realidad se trata de un contrato de “préstamo” y le calcula unos intereses presuntos coincidentes con el tipo legal del dinero.

La parte alegaba que, al tratarse de un contrato de “cuenta corriente” y no de un contrato de “préstamo”, no debía considerarse como interés de mercado el tipo de interés legal del dinero, sino aquel que aplicaban las entidades financieras para las cuentas corrientes.

El fondo del asunto radica en delimitar si la Administración puede o no modificar la naturaleza jurídica de la operación y en caso afirmativo, qué requisitos debe cumplir en esa labor de recalificación.

La Audiencia es muy clara en cuanto al fallo del asunto y de forma muy rotunda declara que “en el esquema legal para la determinación y valoración de las operaciones vinculadas, la presunción “iuris et de iure” se extiende a las consecuencias patrimoniales derivadas de la celebración de negocios, pero no puede servir de excusa para que la Administración suponga la existencia misma de tales operaciones y atribuya un valor o efecto determinado a sus prestaciones típicas y condiciones esenciales”.

Por tanto, parece lógico y así lo establece la Audiencia, que ante la mera existencia de unos saldos contabilizados, no pueda la Administración atribuir una naturaleza jurídica al negocio diferente a la decretada por las partes sentenciando que “una cosa es que la Inspección pueda valorar las prestaciones adaptándolas a los precios comunes de mercado y otra bien distinta, que ante una mera apariencia negocial, tenga la Administración la potestad para decidir, sin derecho de réplica, cuál es la naturaleza del negocio jurídico.”

Así la Audiencia estima el recurso alegando que “la Administración se ha extralimitando, utilizando una potestad legal que le habilita para ajustar las operaciones vinculadas a sus valores de mercado para perfilar la existencia, cuantía y condiciones principales de la obligación u operación sobre el que dichos intereses presuntos se aplican sin fundamento legal para ello y sin motivación suficiente para desmentir que el negocio efectivamente concertado fuera realmente una cuenta corriente mercantil y no un préstamo, pues como esta Sala ha declarado repetidamente, la presunción iuris et de iure establecida en favor de la Administración en el art. 16.1 LIS apodera a ésta para suponer que, de una operación dada, derivan unas consecuencias económicas y, por ende, fiscales, que le habilitan para acomodar sus efectos económicos y fiscales al valor de mercado, pero no puede expandirse más allá de lo que la ley autoriza, soslayando el deber de establecer de forma incontrovertible el presupuesto de hecho de su propia competencia, la operación vinculada misma, no sólo en su existencia sino en su naturaleza jurídica, condiciones pactadas para la devolución y cantidades, en definitiva, sobre la que aplicar el interés presunto”.

Por tanto, hay que resumir que si bien la Audiencia no niega a la Administración su potestad para recalificar negocios jurídicos, si limita dicha potestad sometiéndola al tan a veces olvidado requisito de la “motivación suficiente” para evitar, como ha ocurrido en este caso, que la omisión de dicha motivación, vicie la actividad misma del ajuste a valor de mercado realizado por la Administración.

   

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