RECTIFICACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES DURANTE LA PENDENCIA DE UN PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN: STS de 18 de octubre de 2012

El Tribunal Supremo confirma la posibilidad que tienen las sociedades de ratificar, rectificar, sustituir o revocar “ad nutum” acuerdos anteriores antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o incluso concluido el mismo por sentencia definitiva.

En la referida Sentencia el TS reconoce la grave distorsión que puede producir en la vida de la sociedad la declaración de nulidad de los acuerdos sociales y señala la necesidad de que en aquellos supuestos en los que, por su contenido, los acuerdos no sean contrarios al orden público, los ordenamientos jurídicos articulen mecanismos dirigidos a facilitar la subsanación o convalidación de los que adolecen de irregularidades susceptibles de ser corregidas.

En línea con ello recuerda el contenido del artículo 115.3 de la antigua ley de Sociedades Anónimas, que hoy se reproduce de manera prácticamente literal en el artículo 204.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro” y en el artículo 207.2 de la misma norma, que señala que en caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada“.

Según el Alto Tribunal, la conjunción de ambas normas debe permitir superar la problemática que supone la inexistencia de normas que coordinen el derecho de los socios a impugnar acuerdos nulos y el de la sociedad a reiterarlos con subsanación de las irregularidades formales en que se pudiese haber incurrido durante el proceso de adopción.

Conforme con lo anterior, precisa que nuestro sistema admite de forma expresa que las sociedades mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los anteriores, mediante la adopción de otros acuerdos que los revoquen expresamente o mediante la adopción de acuerdos incompatibles.

A tales efectos señala que nada obliga a la sociedad a mantener, después de producida la litispendencia y hasta la firmeza de la sentencia, un acuerdo cuya validez ha sido cuestionada ante los tribunales cuando sea posible su sustitución o su revocación.

Cuestión distinta será que puedan existir discrepancias sobre costas. En relación a ello indica que se podría continuar el litigio exclusivamente al objeto de discutir sobre las mismas.

   

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