RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y CONSEJEROS: Breve comentario de los aspectos fiscales

Al hilo de las modificaciones en materia de retribución de administradores y consejeros aprobadas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, resulta oportuno realizar unas notas de carácter fiscal sobre la cuestión que, en el País Vasco, tiene especial relevancia.

Y esta especial relevancia viene caracterizada precisamente por una ausencia en su normativa fiscal de determinadas aclaraciones y modificaciones que sí se han incorporado a la normativa de territorio común en las reformas aprobadas para el 2015 en los Impuestos sobre Sociedades (en adelante, IS) y sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF).

Si hasta el 31 de diciembre de 2014, la regulación común y foral era coincidente, a partir de dicha fecha ya no lo es, ya que la legislación común ha sido modificada con el fin de resolver la problemática fiscal en relación con las retribuciones de los administradores, a la vista de la interpretaciones judiciales sobre la materia.

Para no extendernos podemos resumir que, como consecuencia de diversas sentencias, se han venido discutiendo algunas cuestiones, tales como:

  • La deducibilidad de las retribuciones a los administradores por el desempeño de la gerencia o por contratos de alta dirección, cuando el cargo de administrador, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, era no retribuido. Los pronunciamientos judiciales venían a subsumir el trabajo desempeñado en la sociedad en las funciones propias del cargo de administrador y al ser éste no retribuido, consideraban cualquier estipendio entregado como una liberalidad de la sociedad, siendo en consecuencia, un gasto no deducible en el IS.
  • La consideración de relación vinculada a la existente entre la sociedad y sus administradores, incluso por el desempeño de las funciones propias del cargo de administrador, aplicándose por lo tanto, todo lo regulado para las operaciones vinculadas.
  • La atribución de la calificación de rendimientos de actividades económicas a los efectos del IRPF de las cantidades percibidas por los socios que ostentan una participación tal en la sociedad que, de conformidad con la legislación laboral, deben cotizar a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Pues bien, sobre estas cuestiones existen diversas Sentencias1, varias Consultas vinculantes y un Informe de la Dirección General de Tributos (DGT), artículos doctrinales y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que no vamos a exponer pormenorizadamente para no alargar en exceso este comentario. Sin embargo, no existe ninguna Consulta o Informe de las Administraciones vascas al respecto.

Claramente con el fin de zanjar la inseguridad jurídica que dicha situación ha supuesto, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, incorpora un inciso en el artículo 15 letra e), en virtud del cual no cabe la menor duda de la deducibilidad de las retribuciones que se satisfagan a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección u otras derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad, al indicar expresamente que no serán consideradas liberalidades. En consecuencia, bien si los administradores perciben retribuciones por el desempeño de su cargo, cumpliéndose lo establecido en la nueva legislación de Sociedades de Capital (artículos 217, 218 y 219) o bien, si no siendo el cargo retribuido, perciben cantidades derivadas del desempeño de funciones de alta dirección y otro tipo de relación laboral, en todo caso, se tratará de un gasto deducible.

Por otra parte, la misma Ley en su artículo 18, relativo a las operaciones vinculadas, aclara que una entidad y sus consejeros o administradores no se considerarán personas o entidades vinculadas en lo relativo a la retribución por el ejercicio de sus funciones. Nótese en la dicción de dicho artículo, que sí estarán vinculadas estas personas en el resto de los supuestos, entre ellos, cuando existan relaciones de carácter laboral o mercantil (por ejemplo, prestaciones de servicios profesionales).

Respecto de la calificación de las rentas percibidas por los administradores y consejeros a los efectos del IRPF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 35/2006, 28 de noviembre, reguladora del mismo, se mantiene su consideración como rendimientos del trabajo, siempre que sean derivados del ejercicio de sus funciones de carácter mercantil o bien se deriven de un contrato laboral.

No obstante lo cual, con efectos desde el 2015, se ha incorporado una precisión en el artículo 27 de la citada Ley en virtud de la cual, cuando se trate de rendimientos procedentes de una entidad en cuyo capital participen los perceptores, derivados de la realización de actividades profesionales, tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas cuando el perceptor esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme lo previsto en la disposición adicional 15ª de la ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

A modo de conclusión:

  • Las retribuciones por el desempeño del cargo de administrador cumpliendo los requisitos establecidos en la nueva regulación de las sociedades de capital serán consideradas gastos deducibles del IS, no se considerará que existe relación vinculada entre la entidad y los administradores y serán rendimiento de trabajo para sus perceptores a efectos del IRPF.
  • Las retribuciones satisfechas a los administradores como consecuencia de funciones de alta dirección u otras derivadas de contratos laborales serán gastos deducibles del IS, darán lugar a la vinculación entre las partes y serán rendimientos del trabajo a efectos del IRPF si no se cumplen las siguientes circunstancias:
    • ostentar una participación en la entidad
    • prestar servicios profesionales, y
    • quedar encuadrado en el RETA o en una mutualidad alternativa al mismo.

En caso de cumplimiento de las mismas, serán considerados rendimientos de actividades económicas.

Ninguna de las aclaraciones comentadas ha sido incorporada a la normativa foral, tal y como se ha referido al inicio de este comentario, lo que nos deja con la sensación de que no sólo se mantiene la inseguridad que la legislación estatal ha querido eliminar, sino que se agrava, dado que al no estar expresamente enunciadas las precisiones comentadas, cabe plantearse si las mismas son o no aplicables por la vía interpretativa.


1 Entre otras, y como origen del problema, la Sentencia del Tribunal Supremo 7060/2008, de 13 de noviembre de 2008.

   

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