SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE MAYO DE 2011: la eficacia de las notificaciones

Interesante sentencia que aborda la eficacia de las notificaciones, estableciendo una serie de parámetros que permiten tratar el tema con cierta homogeneidad antes de entrar a discutir sobre el fondo del asunto.

Se parte de la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto a la finalidad de las notificaciones, que no es otra que “llevar al conocimiento » de sus destinatarios los actos y resoluciones « al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva » sin indefensión garantizada en el art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836) ( STC 59/1998, de 16 de marzo ( RTC 1998, 59) , FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 221/2003, de 15 de diciembre ( RTC 2003, 221) , FJ 4 ; 55/2003, de 24 de marzo ( RTC 2003, 55) , FJ 2).”

Y para ello es necesario poner en ponderación dos elementos:

– El grado de cumplimiento por la Administración de las formalidades establecidas y, en concreto, la referida a la averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance y el carácter excepcional de la notificación edictal.

Circunstancias particulares concurrentes en cada caso: diligencia demostrada tanto por la Administración como por el interesado; cabe resaltar el especial deber de diligencia de la Administración cuando se trate de notificaciones de sanciones y ponerlo en concurrencia con la buena fe del administrado en cuanto con su conducta pueda enervar la eficacia de tales actos.

En definitiva, lo importante es que el acto llegue a conocimiento tempestivo del interesado y si se le causó o no indefensión material y no tanto si se cumplieron con todas las formalidades previstas en la norma.

Sin embargo, cabe diferenciar dos situaciones:

1. Si se cumplieron con las formalidades que exige la norma, se entiende que el interesado ha tenido conocimiento tempestivo del acto notificado.

Es una presunción que puede ser enervada si se acredita suficientemente que el acto o no llegó a su conocimiento, o cuando llegó ya no podía reaccionar contra el mismo (en estos casos se exige diligencia al interesado y no a un posible tercero receptor de la notificación), o pese a no haber actuado con la diligencia debida la Administración tampoco lo hizo (por ejemplo se acude directamente a la notificación edictal tras un primer intento fallido de la notificación).

2. Se incumplen formalidades previstas en la norma, diferenciando si son de carácter sustancial que causan indefensión al interesado y lesionan su derecho a la tutela judicial efectiva ( por ejemplo de estos son: envío de la notificación a un domicilio de un tercero que no guarda proximidad geográfica con el interesado, o éste no se identifica) o si son de carácter secundario, que entonces el Tribunal entiende que el acto o resolución ha llegado a conocimiento tempestivo del interesado en la medida que no son garantías imprescindibles para asegurar su recibo.

Una vez sentados los criterios anteriores, el Tribunal Supremo entra a valorar si en el caso concreto del recurso se considera que hubo o no deficiencias en la notificación como señala la recurrente.

La recurrente no se encontraba en su domicilio cuando llegó la notificación y fue recogida por su vigilante de seguridad, el cual hizo constar su identidad como requiere la normativa (articulo 105.4 LGT) cumpliendo con ello con las formalidades exigidas.

En base a los criterios anteriores, se debe entender que en principio el acto ha llegado tempestivamente a conocimiento del interesado.

Sin embargo, la recurrente considera que el vigilante de seguridad no es persona apta para recibir notificaciones y no se puede equiparar a un conserje o portero.

El Tribunal rechaza tal argumento basándose en su propia jurisprudencia al entender que:

1. Se cumplieron todos los requisitos establecidos, ya que como señaló el funcionario de Correos, era persona calificada como destinatario (artículo 80.2 Ley de Procedimiento Administrativo).

2. En base a sentencias como la de 4 de marzo de 2010, señalando que con relación a la persona que se hace cargo del acto que se notifica, es verdad que la jurisprudencia de esta Sala se ha referido en mayor medida, admitiendo su validez y eficacia, a las notificaciones realizadas en la persona de los conserjes y porteros [por todas, Sentencias de 4 de marzo de 2010 (rec. cas. núm. 2421/2005), FD Quinto , y de 25 de septiembre de 2009 (rec. cas. núm. 3545/2003 ), FD Cuarto], pero la misma solución debe aplicarse a los vigilantes de seguridad cuando éstos realicen, con relación a la recepción y distribución del correo, funciones similares a las de un portero o conserje. Y, en este caso, puede deducirse razonablemente que don Pedro Antonio, vigilante de seguridad, ejercía de facto también la función de recepción y distribución del correo propia de un portero. Prueba de ello es que recibió en alguna otra ocasión una notificación dirigida a doña Noemi , como el mismo reconoce en el acta notarial de manifestación incorporada en la instancia.

Por tanto, se entiende notificado el acto el día que lo recibió el tercero y como válida la notificación realizada.

   

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