VALIDEZ EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE UNA VALORACIÓN A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2013, analiza la admisibilidad de la valoración de mercado realizada a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITP y AJD), en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRLIS).

En el supuesto de la Sentencia, se analiza la posibilidad de aplicar el criterio de unidad o estanqueidad fiscal, respecto a la valoración de un bien inmueble transmitido entre sociedades vinculadas, que previamente ha sido objeto de comprobación a efectos del AJD.

En el fundamento quinto de la Sentencia de referencia, se determina la posibilidad de aplicar dicho criterio:

“En efecto, en supuestos como el que nos ocupa, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, procede aplicar el principio de unidad o unicidad administrativa, pues no cabe duda que el Impuesto sobre Sociedades establece que «La Administración tributaria podrá valorar, dentro del período de prescripción, por su valor normal de mercado , las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas» (art. 16 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre (RCL 1995, 3496 y RCL 1996, 2164), del Impuesto sobre Sociedades), al igual que las previsiones del ITP y AJD, modalidad Actos jurídicos documentados, cuyo art. 46.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (RCL 1993, 2849) establece que «La Administración podrá, en todo caso, comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación societaria o del acto jurídico documentado», lo que implica la formación de la base imponible de ambos tributos por un valor equivalente: el valor real o de mercado del bien transmitido.

Parece, pues, razonable y coherente que la valoración previa de un bien realizada por una Administración tributaria, vincule a todos los efectos respecto a estos dos tributos a las demás Administraciones competentes, más si se trata de impuestos estatales, si bien el segundo cedido a las Comunidades Autónomas”.

Es preciso recordar que tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados, la base imponible se calcula conforme al valor real o de mercado del bien transmitido.

Con base en los anteriores razonamientos, concluye el Tribunal admitiendo que “a valoración practicada por la Administración Tributaria de una Comunidad Autónoma, la de Andalucía, en un Impuesto del Estado (el ITP y AJD), cuya gestión se le ha cedido, pueda trascender y vincular a efectos de un Impuesto estatal (el Impuesto sobre Sociedades), gestionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dado que la Comunidad Autónoma actúa como delegada para la gestión, inspección y valoración del tributo cedido, de modo que el criterio de personalidad jurídica única, utilizado frecuentemente para defender el principio de unicidad, puede ser sustituido por el de delegación legal de funciones, con todas sus consecuencias”.

   

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