VALORACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES: IMPUGNACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR POR NO ELABORARSE SOBRE LA VERDADERA IMAGEN FIEL DE LA SOCIEDAD

La valoración de participaciones en los supuestos de exclusión o separación de socios se encuentra regulada en el artículo 355 y ss de Ley de Sociedades de Capital (LSC), sin presentar dificultad alguna si media entre la Sociedad y el socio excluido o el que ejerce su derecho de separación, acuerdo sobre el valor de las participaciones.

En este sentido, es posible que aún mediando dicho acuerdo, éste pueda ser calificado de improcedente por no atender al criterio de valor razonable, entendiendo por dicho valor “el obtenido mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados en el caso de aquellos instrumentos para los que no pueda determinarse fácilmente un mercado fiable o como valor de mercado para los instrumentos financieros (las acciones lo son) para los que pueda determinarse fácilmente un mercado fiable” (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2011).

No obstante lo anterior, el problema se plantea cuando la Sociedad y socio excluido o, el que ejerce su derecho de separación, no llegan a un acuerdo sobre valor de las participaciones o sobre el sujeto que en su caso debiese valorarlas.

A estos efectos, LSC procura resolver la disputa de alguna forma indicando que el Registro mercantil, a instancia de la sociedad o socio disconforme, nombre un Auditor distinto al de la sociedad para que se garantice la independencia en la valoración de las participaciones.

Nombrado el Auditor por el Registrador, su labor puede comprender cualquier requerimiento o solicitud a la sociedad de cuanta documentación considere útil y oportuna para la evaluación económica que puedan representar las participaciones y determinar su “valor razonable”; todo ello en un plazo de tres meses.

Frente a dicha valoración, es posible formular impugnación entendiendo que el Auditor no ha realizado su labor de auditoría conforme a las buenas prácticas, sin embargo, surge la duda de cómo y en qué plazos se puede impugnar dicho informe, no ya por mala praxis del Auditor, sino porque la documentación que ha utilizado como base para la valoración de las participaciones se encuentra viciada o es irregular.

Planteémonos siquiera el supuesto de actuaciones como el vaciamiento, menoscabo patrimonial o deterioro del fondo de comercio realizado a la sombra por los administradores sociales. En este supuesto, resulta evidente que la documentación que se toma de base para hallar el valor razonable de las participaciones no es el adecuado habida cuenta de las irregularidades del mismo.

Es decir, la documentación útil y oportuna solicitada a la Sociedad para realizar la valoración no refleja la imagen fiel y contable de la ésta, por lo que se impide que el contenido de dicho informe valorativo se ajuste a lo debidamente razonable y reembolsable.

Habida cuenta del silencio de la LSC sobre la impugnación del informe de valoración de las participaciones, que es el caso que ahora nos ocupa, compartimos la posición doctrinal que viene sosteniendo algún sector de la doctrina, entendiendo que obra como facultad del socio (así como de la sociedad) defender sus intereses por medio de la impugnación del informe de valoración que impida obtener el reembolso del valor razonable de sus participaciones.

En esta medida, cabe sostener que surge un derecho en el socio, a través de una aplicación analógica del artículo 1690 del CC, en manifestar y requerir judicialmente la inviabilidad del informe del Auditor. Todo ello en el plazo de tres meses contados desde que se tenga conocimiento del informe.

Sin embargo, siendo una cuestión de hecho, el socio se encontrará en la dificultad de no poder requerir a la sociedad todas aquellas informaciones y documentaciones que avalen o argumenten, y en definitiva, sirvan para desvirtuar la irregularidad del informe de valoración.

Si bien es cierto lo anterior, la Ley no le permite al socio excluido o al que ha ejercido su derecho de separación ejercer ningún derecho. Sin embargo, ha mantenerse, de “lege ferenda“, la existencia del derecho de información (artículo 93 d LSC) que permita a dicho socio, en esta medida, requerir judicialmente a la sociedad todos aquellos documentos, recibos y títulos que justifiquen y esclarezcan el contenido de aquellos documentos que obraron como base y que fueron utilizados por el Auditor para hallar el valor razonable de sus participaciones (artículo 272.2 LSC).

Finalmente, cabe decir que para proceder a la impugnación del informe, y en su caso, no entrar en un estado de contradicción con los actos propios, el socio no debió reclamar o aceptar sin reserva alguna las cantidades resultado del informe de valoración.

   

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