Valoración de Operaciones Vinculadas: El nuevo procedimiento de coordinación del Concierto Económico

El pasado 13 de diciembre, el pleno del Senado dio trámite al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, quedando aprobado definitivamente por las Cortes Generales. Al margen de la controversia suscitada entre fuerzas políticas en la tramitación parlamentaria, y del eco que los medios han dado a la cuestión, estimamos conveniente señalar la mejora técnica introducida en materia de coordinación entre las distintas administraciones tributarias, como una aportación a la propia legitimidad del sistema de concierto.

Y es que, hasta la fecha, no se había contemplado solución al problema que se venía originando en situaciones, en las que la simultaneidad de competencias de distintas administraciones tributarias estatales sobre la misma operación, o grupo de contribuyentes. En estos casos se causaba un verdadero perjuicio al contribuyente cuando las Administraciones afectadas mantenían posturas diferentes en torno a la calificación o valoración de las operaciones.

Nos referimos a situaciones que surgen con frecuencia en materia de valoración de operaciones vinculadas, cuando una de las partes está sujeta a Inspección de Administraciones Forales, y la otra a Estatal;  y practicado un determinado ajuste en sede de una de las partes, la otra Administración se opone a efectuar el ajuste correlativo, produciéndose una doble imposición.

Aunque esta situación no resulta ajena a las operaciones en el ámbito internacional, se da la paradoja de que, en el ámbito de la fiscalidad internacional, el esfuerzo por solventar la problemática del transfer pricing ha sido una constante que ha conducido al establecimiento de mecanismos para evitar situaciones de esta índole, como los procedimientos previstos en el Instrumento Multilateral de la OCDE, sin que se hubiera establecido un procedimiento similar para las situaciones que surgían en el interior del Estado.

A estos efectos,  la Junta Arbitral del Concierto había venido señalando “la laguna realmente sorprendente en un mundo en el que la existencia de grupos societarios y de vinculaciones entre empresas es un hecho habitual”, anticipando la necesidad de una reforma legislativa que deriva de los propios principios que rigen el Concierto Económico, con el objetivo de evitar que el ejercicio de las competencias concurrentes produzca perjuicios para los administrados (Resolución 8/2012, de 2 de julio).

La reforma actual introduce un mecanismo para asegurar el ajuste bilateral al que venimos haciendo referencia, a través del nuevo artículo 47.ter del Concierto Económico, titulado “Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras”, cuyo desarrollo previsto es el siguiente:

  • La administración que esté regularizando, o comprobando, operaciones vinculadas a un contribuyente deberá comunicar a las otras Administraciones afectadas la valoración que considera procedente, con carácter previo a la formulación de la propuesta de resolución o formalización de actas.
  • En caso de que las otras Administraciones afectadas no formulen observaciones a la propuesta en un plazo de dos meses, esta se entenderá aprobada, y vinculará a todas las administraciones.
  • En caso opuesto, se dará traslado a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, donde podrá llegarse a un acuerdo sobre las observaciones planteadas, y si no se alcanzase acuerdo en el plazo de dos meses, será competencia de la Junta Arbitral la resolución de la controversia.
  • La Resolución de la Junta, que se adoptará por medio del procedimiento abreviado del artículo 68, dando audiencia al contribuyente, vinculará a todas las administraciones, que deberán practicar las regularizaciones pertinentes.

De esta forma, se prevé evitar los supuestos de doble imposición a los que se venían enfrentando los contribuyentes, asegurando que las regularizaciones tributarias dictadas por las diversas administraciones se basen en una misma valoración.

Cabe extraer como corolario, por tanto, el adecuado reforzamiento de las bases del Concierto en la materia, asumiendo las más elementales garantías de seguridad jurídica y de coordinación en la resolución de las controversias entre administraciones. Si bien se debe poner de manifiesto lo desacertado del retraso de su puesta en vigor. La Disposición Transitoria Primera del Concierto establece una vacatio legis excesiva para el nuevo procedimiento del artículo 47.ter, que resultará de aplicación sólo para las regularizaciones referidas exclusivamente a periodos impositivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

 

Marcos González Villarreal

   

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