fbpx

Confianza legítima: La Audiencia Nacional resguarda al contribuyente de la retroactividad en los cambios de criterio de la Administración Tributaria

Nos movemos en tiempos en los que transparencia, cumplimiento voluntario y relación cooperativa entre contribuyentes y Administración Tributaria se establecen como conceptos que inundan el porvenir de nuestra fiscalidad, al objeto de perseguir la siempre ansiada eficacia del sistema, la idílica seguridad jurídica y la reducción de la conflictividad tributaria.

Tal revolución se establece como uno de los principales objetivos de la Agencia Tributaria, consciente de que la economía exige una certeza y estabilidad tan solo alcanzables a través de mecanismos que permitan a los contribuyentes desenvolverse de forma adecuada en un sistema tributario caracterizado por su elevada complejidad, continuo desarrollo normativo y constantes cambios de criterio. Son precisamente estos factores los que alimentan la enorme litigiosidad que sufrimos en el ámbito tributario, y los que nos han llevado a la actual situación de colapso en las salas resolutorias, tanto en la vía económico-administrativa, como en la judicial.

En este contexto, la AEDAF, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, organizó el pasado mayo el XV Congreso Tributario. Esta exitosa edición, celebrada en Albacete, congregó durante tres jornadas a más de 200 abogados, magistrados, representantes de la Administración y de la Universidad y nos permitió abordar estos temas desde distintos enfoques.

Como no podía ser de otra forma, el Congreso brindó la oportunidad de debatir en una de sus mesas redondas sobre la interpretación judicial y administrativa de las normas y sus modificaciones, poniendo sobre la mesa el siguiente interrogante: ¿Puede un cambio de criterio en la interpretación de la normativa tener efectos retroactivos en contra del proceder de un contribuyente?

Tal interrogante, que atendiendo a criterios de razonabilidad podría parecer una perogrullada, genera una preocupante incertidumbre en su respuesta. Quizá tenga mucho que ver en ello la posición vacilante mantenida por los órganos encargados de la aplicación de los tributos en relación a este particular. Estas dudas van a obligar a que en nuestros recursos y alegaciones los asesores rescatemos, con mayor frecuencia de la deseada, complejas construcciones doctrinales sobre la confianza legítima.

Precisamente, en relación con el asunto que ocupa estas líneas, la Audiencia Nacional, en su Sentencia del pasado 17 de abril de 2019, que resolvió el recurso 866/2016, decidió un asunto que traía causa de la aplicación retroactiva de un cambio de criterio administrativo.

En concreto, en el caso analizado en el litigio, el contribuyente había actuado adecuando su conducta a los criterios entonces vigentes y reconocidos por la Administración de forma reiterada, a través de varias resoluciones a consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, un informe de la AEAT e, incluso, las instrucciones recogidas en los manuales publicados por la propia Agencia. Y, sin embargo, tras un cambio de criterio administrativo producido mediante resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, la Inspección giró liquidaciones al contribuyente aplicando el nuevo criterio.

Pues bien, en estas circunstancias, la Audiencia resolvió los recursos interpuestos anulando las resoluciones de las que traían causa y poniendo negro sobre blanco una dura crítica a la actuación administrativa que vulneraba el principio de confianza legítima, con aseveraciones como las siguientes:

«Las circunstancias que concurren en el presente litigio parecen el paradigma de la transgresión del principio de confianza legítima, que recogía el artículo 3.1 de la hoy derogada Ley 30/1992, hoy su homólogo apartado e) de la Ley 40/2015, del sector Público, junto a la buena fe y lealtad institucional.

[…]

Resulta manifiestamente contradictorio que un sistema que descansa a espaldas del obligado tributario, cuando el contribuyente haya seguido el dictado o pautas de la Administración tributaria, un posterior cambio de criterio del aplicado, cualquiera que fuere el ámbito revisor en el que tuviera lugar, no deje a salvo y respete lo hasta ese momento practicado por el administrado, salvo que el nuevo resultara más favorable a los intereses económicos o patrimoniales del contribuyente.»

Además, en relación a la potestad sancionadora de la Administración la Sala señala que «el solo hecho de mencionar el ejercicio de la potestad sancionadora, aunque sea para descartar su despliegue, se nos antoja aberrante.»

Teniendo que observar en la práctica del día a día asuntos como el mencionado, considero que, en estos tiempos caracterizados por la transformación de las relaciones entre Administración y contribuyente, la contradicción entre lo que pretende la Agencia y su forma de proceder resulta manifiesta y preocupante. En mayor medida, si cabe, a la luz de los elevadísimos porcentajes de estimación a favor del contribuyente que nos llegan continuamente desde los Tribunales Económico-Administrativos y las Salas de lo Contencioso.

Hay consenso sobre la conveniencia de conseguir una reducción de la litigiosidad tributaria. También lo hay sobre la necesidad de lograr una mayor confianza mutua entre la Administración y los contribuyentes. Para avanzar en estos objetivos es imprescindible acabar con este tipo de actuaciones deficientes de la Administración que generan gran inseguridad y desconfianza en los contribuyentes. Creo que lo agradecería, tanto la recaudación, como la captación de la inversión.

No hay comentarios

Publicar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies