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Mejoras en las relaciones empresariales entre España y EEUU: el CDI ante la ansiada ratificación del Protocolo

Este verano está siendo el del anhelado desbloqueo por parte del Senado de Estados Unidos de la ratificación del Protocolo de modificación al Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal (CDI). Este hecho se circunscribe en un contexto político en el que el Senado estadounidense ha permanecido cerca de 10 años sin votar a favor de aprobaciones o modificaciones de tratados bilaterales en materia tributaria.

En particular, la modificación del CDI entre España y Estados Unidos fue negociada el año 2013 y se remitió a las cámaras legislativas de ambos estados. Pero, mientras que en España el Protocolo fue publicado en el BOE de 14 de julio de 2014, la Comisión Financiera del Senado americano se opuso a la tramitación del acuerdo bilateral.

Pues bien, llegados a estas fechas, es noticia que, tras haber recibido la luz verde necesaria en la Comisión Financiera del Senado, la Cámara ha procedido a la aprobación del Protocolo de modificación del CDI.

Las principales mejoras que la modificación del CDI supondría son las siguientes:

  • Modificación del concepto de establecimiento permanente por obra o instalación, extendiendo a los 12 meses la duración de la misma para su consideración como tal, a la luz de las últimas versiones del Modelo de Convenio OCDE.

 

  • En materia de dividendos, se abandona el actual techo de tributación en fuente del 10% y, en determinados casos (participación reforzada del 80%, de carácter estable, y con sujeción a las normas de beneficiario efectivo), se llega a denegar la potestad recaudatoria al país de fuente.

 

  • En lo que respecta a los intereses, su tratamiento se mejora estableciendo, con carácter general, la exclusión de withholding tax en fuente.

 

  • En la misma línea, y en lo que respecta a los royalties, se atribuye la potestad tributaria en exclusiva a la jurisdicción de residencia, abandonando la antigua clasificación de cánones y los tipos del 5-8-10%, que ha dado origen los últimos años a una gran conflictividad con la Inspección. Esta categoría de renta resulta especialmente importante para los intereses de EEUU, al situarse como la principal exportadora de intangibles.

 

  • En lo concerniente a capital gains, se elimina la singularidad que el CDI contenía al someter a tributación en fuente las ganancias patrimoniales derivadas de la enajenación de acciones cuando se ostentaba una participación significativa del 25% en la compañía. Además, se traslada la vis atractiva de los inmuebles a las ganancias derivadas de la desinversión en compañías de sustrato inmobiliario, previéndose expresamente su tributación en fuente.

 

  • Por su parte, se prevén mejoras de interés para los ahorradores estadounidenses, al mejorar la tributación de las distribuciones de los fondos de pensiones para evitar las situaciones de doble imposición derivadas del régimen de los PFIC.

 

  • Asimismo, se prevé el reforzamiento de las normas antiabuso que limitan los beneficios del CDI bajo el formato seguido por EEUU en sus convenios, y se dan mejoras sustanciales en materia de intercambio de información, procedimientos amistosos, arbitraje, etc.

 

De lo que cabe colegir que el nuevo CDI favorecerá a España como destino de la inversión directa proveniente de EEUU, eliminando los agravios comparativos que el país sufría respecto a otras jurisdicciones europeas con mejores convenios, e impulsará la competitividad de las filiales en EEUU de los grupos empresariales españoles.

Ahora se debe completar la tramitación para la entrada en vigor del Protocolo, a través del intercambio de los instrumentos de ratificación. La entrada en vigor se producirá transcurridos tres meses desde la fecha en la que se de el intercambio, y las disposiciones surtirán efecto desde las siguientes fechas:

  • en relación con los withholding tax o retenciones en origen, desde la entrada en vigor del Protocolo;
  • en lo que respecta a los impuestos sujetos a un periodo impositivo, a los ejercicios fiscales iniciados a partir de la entrada en vigor, y;
  • resultará de aplicación a los procedimientos amistosos que traigan causa de asuntos que se inicien a partir de la entrada en vigor.

 

Desde CIALT no podemos más que valorar positivamente el marco fiscal que surge tras las modificaciones a un Convenio que resulta clave para los intereses de nuestra economía, e invitar a los grupos empresariales a revisar sus esquemas de inversión a la luz del nuevo CDI.

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